A mediados del 2006, el Gobierno Nacional presentó al Congreso de la República un proyecto de ley mediante el cual planteó la posibilidad de una reforma tributaria estructural, con la cual se ponían en peligro los incentivos que, directa e indirectamente, se han generado para el desarrollo y crecimiento del cultivo de palma de aceite, así como para nuevos proyectos productivos, como es el caso del Biodiésel.
Naturalmente, esa iniciativa generó profundas inquietudes que, en el caso puntual del sector palmero, se concretaron en una intensa gestión gremial por parte de Fedepalma la cual, como puede constatarse con la lectura de la ley 1111 de 2006, arrojó un resultado muy favorable, tanto para el sector, como para las empresas palmicultoras.
